Por Joaquín Cottani (Para La Nación)

Para superar definitivamente la crisis la Argentina necesita terminar de reestructurar la deuda pública, en particular los bonos en default en manos de inversores privados, tanto externos como internos. En este sentido, la decisión tomada por el Gobierno de contratar un asesor financiero de reconocido prestigio internacional es un paso adelante. Sin embargo, debemos ser realistas acerca del tiempo que habrá de transcurrir y las condiciones que el país deberá cumplir antes que dicho acuerdo de reestructuración pueda materializarse.

Obviamente, el primer acuerdo por lograr es con el Fondo, ya que sin él el Gobierno entrará en default con los organismos internacionales de crédito y, en comparación, el incumplimiento con los tenedores privados de deuda soberana pasará a ser un mal menor.

El segundo paso es mucho más difícil: convencer a los mercados y a la comunidad financiera internacional de que seremos capaces de generar, de ahora en más, un superávit primario mucho mayor que el actual y sostenible en el tiempo que permitirá al Estado servir los intereses de la deuda en su totalidad o casi totalidad, de modo que, aun con bajo crecimiento, el peso de ésta en relación con el PBI comience a bajar.

Para determinar cuál es el esfuerzo fiscal que nos espera (si es que de veras queremos ser un "país normal") debemos comenzar por analizar dónde estamos parados en materia de deuda. A fin del año pasado la deuda del gobierno nacional era de unos 140 mil millones de dólares (52% del PBI), de los cuales la oficial (organismos multilaterales y bilaterales) era algo menos de 40 mil millones. El resto se dividía, casi por partes iguales, entre préstamos garantizados (que habían sido reestructurados a plazos más largos que los bonos originales y prometían 7% anual en dólares) y bonos, locales e internacionales, denominados mayoritariamente en dólares y otras monedas extranjeras.

La idea del presidente De la Rúa y de su ministro de Economía Domingo Cavallo era, como se sabe, extender a los bonos de la Fase 2 un tratamiento similar al otorgado a los de la Fase 1. Si eso se hubiera concretado los acreedores de bonos externos e internos tendrían hoy en sus manos instrumentos de 10 a 30 años de plazo sin quita de principal que devengarían tasas de entre 5 y 7% anual, muy atractivas en comparación con las que esos mismos acreedores pueden esperar en la actualidad.

El servicio de intereses de los bonos y préstamos garantizados habría insumido unos 7 mil millones de dólares, que sumados a los pagos a organismos internacionales habrían alcanzado a poco más de 9 mil millones. En términos del PBI en dólares del año pasado ese monto habría representado 3,6%. El cumplimiento de la política de déficit cero habría demandado, por lo tanto, la realización de un superávit primario similar durante este año. Dada la imposibilidad de incrementar la presión tributaria, esto habría exigido reducir el gasto público primario (antes de intereses) de 18,6% a 15% del PBI, como muestra la gráfica.

Un ajuste del gasto de esta magnitud era perfectamente posible y no habría generado tensiones sociales adicionales de gran magnitud porque habría recaído sobre un sector (el público) que se había venido ajustando mucho menos que el privado. Además, el gobierno había conseguido la aprobación de la ley de déficit cero, que, precisamente, le ordenaba gastar de acuerdo con lo recaudado. Todo lo que hacía falta era que el Congreso, el Poder Judicial, los partidos políticos alineados con el gobierno y la oposición, los sindicatos y la prensa no torpedearan los esfuerzos que el gobierno había venido haciendo para evitar el default y la devaluación. Si ese tipo de colaboración responsable hubiera existido hoy el déficit fiscal sería nulo y la Argentina no estaría en cesación de pagos.

Pero, lo que es más importante aún, no habría habido devaluación, ni confiscación de depósitos, ni violación de los derechos de propiedad, ni repudio a los contratos firmados con las empresas proveedoras de servicios públicos, ni persecución demagógica a los banqueros, ni tanta incertidumbre con respecto al futuro. El riesgo argentino habría bajado drásticamente, el corralito se habría levantado y los depósitos estarían creciendo a ritmo acelerado, como lo hicieron después del tequila. El PBI exhibiría un comportamiento en forma de V y no en forma de L, como está ocurriendo ahora. Ciertamente, seguiría habiendo mucho desempleo y pobreza, pero los indicadores sociales estarían empezando a mejorar.

Pero la corporación política, sindical y empresaria que nos maneja desde hace 50 años, con gran ayuda de una parte importante de los medios de prensa, le dijo no al ajuste fiscal que proponía el gobierno anterior y lo derrocó sin importarle demasiado las consecuencias de este acto para el futuro de la tísica democracia argentina.

Las consecuencias están a la vista. Hoy se estima que para fin de año la deuda llegará a 150 mil millones de dólares. Pero como el PBI ha bajado de 270 mil a 120 mil millones, el peso en proporción al producto es de 130%, es decir, dos veces y media el que había el año pasado.

En lo que va del año, el gasto público primario bajó de 18,6% del PBI a menos de 14%, es decir, a menos de lo que habría bajado si el plan del gobierno anterior se hubiera llevado a cabo. Pero a pesar de haber ajustado más de lo necesario, el Gobierno no sólo no eliminó el déficit fiscal, sino que lo aumentó considerablemente. El resultado primario actual no alcanza ni siquiera para pagar los intereses que cobran los organismos internacionales. Es por ello que, a pesar de la pesificación, la devaluación y todos los demás exabruptos cometidos en materia financiera, estamos en default con los tenedores de bonos y pronto lo estaremos con los organismos internacionales. Hay en la actualidad quienes se regocijan porque la inflación es baja y la recaudación aumenta en términos nominales. Pero yo me pregunto ¿cuánto tiempo va a seguir siendo baja la inflación, reprimida como está por controles cambiarios y tarifarios, si el déficit fiscal estructural subsiste? Una vez que la inflación aumente y el tipo de cambio se vuelva a devaluar, lo más optimista que podemos esperar desde el punto de vista fiscal es que la recaudación de impuestos se mantenga en términos del PBI (hoy está en 14,5 por ciento).

Y en cuanto a la deuda pública, lo más optimista que podemos esperar es que después de reestructurarla (haciéndole quitas de interés y capital astronómicas) el Gobierno tenga que pagar 5 mil millones de dólares en concepto de intereses, lo que representa más de 4% del PBI. Equilibrar el presupuesto nacional en estas circunstancias va a exigir una reducción adicional del gasto primario en proporción al PBI de 3,5 puntos porcentuales. Esto significa que, en comparación con el año pasado, el gasto caerá de 18,6% del PBI a 10,5%, vale decir 4,5 puntos porcentuales más que lo que hubiera permitido a De la Rúa y Cavallo, si todavía estuvieran en el gobierno, evitar el colapso de la economía.

Por estas razones, y como todavía hay que andar mucho camino antes de poder despertar un mínimo de confianza en el país, creo que el Gobierno debe iniciar conversaciones con asesores externos y acreedores de bonos, pero sin alentar demasiadas esperanzas acerca de la posibilidad de reestructurar la deuda en el corto plazo.

El autor es economista jefe para América latina de Lehman Brothers.